Seguro obligatorio para clubes deportivos: qué exige la ley (SOD y responsabilidad civil)

A un club deportivo se le exigen, en la práctica, dos seguros distintos que conviene no confundir. El primero es el seguro obligatorio deportivo (SOD), un seguro de accidentes que cubre las lesiones del propio deportista durante la práctica. El segundo es el seguro de responsabilidad civil (RC), que cubre los daños que el club, sus instalaciones, sus monitores o sus eventos puedan causar a terceros. Son coberturas diferentes, con normas distintas, y muchos clubes creen que basta con una cuando en realidad necesitan las dos. Si quieres una visión general de las garantías básicas de accidentes y de responsabilidad civil, la explicamos en nuestra guía de seguros de Seguratis.

La obligación de asegurar al deportista nace de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que sustituyó a la antigua Ley 10/1990 y es hoy la norma estatal de referencia. La obligación de responsabilidad civil del club procede sobre todo de las leyes autonómicas del deporte y de la normativa de eventos, ya que las comunidades autónomas tienen competencias sobre el deporte en su territorio. Por eso lo exigido puede variar según dónde tenga su sede el club y qué actividades organice: no existe una única respuesta nacional, y ese matiz es justo el que la mayoría de páginas del sector no explican.

El seguro obligatorio deportivo es un seguro de accidentes ligado a la licencia federativa. La Ley 39/2022 establece que la licencia deportiva de ámbito estatal debe incluir un seguro que cubra los daños y riesgos derivados de la práctica de la modalidad correspondiente. En términos sencillos: quien compite en competiciones oficiales de ámbito estatal a través de una federación española tiene que estar cubierto por este seguro, que suele ir incorporado en el precio de la propia licencia.

Aquí está el matiz que muchos clubes pasan por alto: el SOD cubre al deportista lesionado, no responde por los daños que el club cause a un tercero. Además, la obligación se centra en la práctica federada de ámbito estatal. Para el deporte de ámbito autonómico, escolar o recreativo, el seguro exigible depende de la ley del deporte de cada comunidad autónoma, aunque en la mayoría de los casos también se exige una cobertura de accidentes equivalente. Un club que solo organiza actividades no federadas no queda automáticamente libre de asegurar: debe revisar su normativa autonómica antes de dar por hecho que no le aplica.

Las coberturas mínimas del seguro obligatorio deportivo las fija el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, que sigue vigente como referencia. Establece un suelo de garantías que toda póliza del SOD debe respetar, aunque casi todas las federaciones y clubes contratan capitales muy por encima de esos mínimos. La razón es que las cifras del decreto están en pesetas y, convertidas a euros, resultan claramente insuficientes para un accidente grave en 2026. Por eso conviene mirar el capital real de la póliza —el capital asegurado que de verdad se contrata— y no dar por bueno el mínimo legal.

El segundo seguro que se le exige a un club deportivo es el de responsabilidad civil, que cubre los daños personales o materiales que el club pueda causar a terceros: un espectador que se lesiona en una grada, un vecino cuyo coche daña un balón, un usuario que resbala en una instalación mal señalizada o un daño causado por un monitor durante una actividad. A diferencia del SOD, que protege al deportista, la RC protege el patrimonio del club frente a reclamaciones de terceros. Es la misma lógica de la responsabilidad civil de asociaciones, adaptada a la actividad deportiva.

Esta cobertura no aparece con un capital cerrado en la ley estatal, pero sí la exigen la mayoría de leyes autonómicas del deporte para las entidades e instalaciones, y de forma clara la normativa de eventos y pruebas deportivas en vía pública. Cuando un club organiza una carrera popular, una marcha ciclista o cualquier prueba que use la vía pública, la autorización administrativa exige acreditar un seguro de responsabilidad civil, conforme al Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) y a la normativa autonómica y municipal aplicable. Sin ese seguro, la prueba no se autoriza.

Además de la RC general del club, conviene conocer una tercera cobertura que muchas entidades ignoran: la responsabilidad civil de administradores y directivos (a menudo llamada D&O). No cubre los daños de la actividad deportiva en sí, sino las consecuencias de las decisiones de la junta directiva: reclamaciones por una mala gestión, por incumplimientos o por decisiones que perjudiquen a socios, empleados o terceros. En un club sin ánimo de lucro, los directivos suelen ser voluntarios que responden con su patrimonio personal, y esta póliza es la que lo protege.

No es un seguro obligatorio por ley, pero sí una recomendación firme de correduría para cualquier club con junta directiva, instalaciones propias o empleados. Su lógica es la misma que la de la responsabilidad civil patronal cuando el club tiene trabajadores contratados: cubrir un riesgo que la RC general de la actividad no alcanza. Distinguir estas tres capas —SOD, RC de la actividad y RC de directivos— es lo que separa un club bien asegurado de uno que descubre el hueco cuando llega la reclamación.

En julio de 2025 se reformó el régimen del seguro obligatorio deportivo. La Ley 5/2025, de 24 de julio modificó el artículo 23.3 de la Ley 39/2022 para establecer que las prestaciones mínimas del SOD se fijarán por reglamento y se actualizarán conforme a la naturaleza del seguro de accidentes. La propia ley da al Gobierno un plazo para aprobar ese desarrollo reglamentario, por lo que los importes mínimos actualizados dependen de una norma que, a fecha de esta revisión, aún debe publicarse.

Hasta que ese nuevo reglamento entre en vigor, la referencia sigue siendo el Real Decreto 849/1993. Por eso es tan importante no quedarse en el mínimo legal: un capital de accidentes acorde al riesgo real de la modalidad y una RC con suma asegurada suficiente son lo que de verdad protege al club y a sus deportistas. Los importes concretos del futuro reglamento se marcan como pendientes mientras no exista texto oficial citable: cuando se publique, esta guía se actualizará con la cifra real, no con una estimación.